Colombia pide paz
Los ciudadanos colombianos han clamado esta semana, en las calles de Bogotá, su protesta contra el secuestro de sus voluntades y de su vida en libertad. Cansados de que los secuestros de civiles colombianos sean una noticia común (diaria, semanal o mensual) en los medios de comunicación –por desgracia, cuando son titulares es normalmente una mala noticia–. Cansados del chantaje al que les someten las FARC, los grupos paramilitares y el gobierno. En apoyo de las familias de los más de 3000 secuestrados; en algunos casos privados de libertad desde hace 10 años, vivos porque permanece su recuerdo.
Los ciudadanos colombianos salieron a la calle, abrieron las ventanas y las puertas de sus casas, dejaron sus “carros” aparcados, y gritaron ya basta; mientras, los pañuelos eran agitados en protesta por esta existencia que sufren ante la inoperancia del gobierno de Álvaro Uribe y la falta de humanidad de los grupos guerrilleros y paramilitares.
Las FARC usan a los secuestrados como moneda de cambio para presionar al gobierno de Colombia a fin de obtener ventajas jurídicas para sus líderes. El líder de las FARC, Rodrigo Granda, fue liberado recientemente junto a otros 180 guerrilleros como maniobra política para facilitar el intercambio humanitario de los civiles secuestrados. Pero de las FARC no pueden esperarse acciones de buena voluntad; no tienen intención –por ahora– de reintegrarse en la sociedad civil colombiana sino les ofrecen un trozo del pastel político y una promesa de “perdón colectivo” para todo su grupo armado. Tampoco podrá esperarse un acuerdo nacional duradero mientras el ELN, el otro grupo guerrillero, sea excluído de las negociaciones. Los grupos paramilitares representan sin embargo el mayor obstáculo para que fructifique la creación de un espacio político para la pacificación de Colombia; su financiación por parte de terratenientes y grandes grupos empresariales conformar un carácter de banda a sueldo que realiza el trabajo sucio del ejército regular y crea zonas en el país donde las instituciones del Estado no están presentes.
Desde la década de los 50 del siglo XX, la mayoría de los grupos de oposición civil al sistema político colombiano –ANAPO, Unión Patriótica, Partido Comunista– fueron literalmente eliminados, lo que provocó que dicha oposición civil fuese sustituída por una oposición armada. Aunque los ciudadanos colombianos no se pongan de acuerdo en el método más idóneo para poner fin a tantos años de militarización del país, protestan en común para pedir que el conflicto se traslade al escenario político y civil, y no tengan que contar más muertos y desaparecidos.
Los ciudadanos colombianos salieron a la calle, abrieron las ventanas y las puertas de sus casas, dejaron sus “carros” aparcados, y gritaron ya basta; mientras, los pañuelos eran agitados en protesta por esta existencia que sufren ante la inoperancia del gobierno de Álvaro Uribe y la falta de humanidad de los grupos guerrilleros y paramilitares.
Las FARC usan a los secuestrados como moneda de cambio para presionar al gobierno de Colombia a fin de obtener ventajas jurídicas para sus líderes. El líder de las FARC, Rodrigo Granda, fue liberado recientemente junto a otros 180 guerrilleros como maniobra política para facilitar el intercambio humanitario de los civiles secuestrados. Pero de las FARC no pueden esperarse acciones de buena voluntad; no tienen intención –por ahora– de reintegrarse en la sociedad civil colombiana sino les ofrecen un trozo del pastel político y una promesa de “perdón colectivo” para todo su grupo armado. Tampoco podrá esperarse un acuerdo nacional duradero mientras el ELN, el otro grupo guerrillero, sea excluído de las negociaciones. Los grupos paramilitares representan sin embargo el mayor obstáculo para que fructifique la creación de un espacio político para la pacificación de Colombia; su financiación por parte de terratenientes y grandes grupos empresariales conformar un carácter de banda a sueldo que realiza el trabajo sucio del ejército regular y crea zonas en el país donde las instituciones del Estado no están presentes.
Desde la década de los 50 del siglo XX, la mayoría de los grupos de oposición civil al sistema político colombiano –ANAPO, Unión Patriótica, Partido Comunista– fueron literalmente eliminados, lo que provocó que dicha oposición civil fuese sustituída por una oposición armada. Aunque los ciudadanos colombianos no se pongan de acuerdo en el método más idóneo para poner fin a tantos años de militarización del país, protestan en común para pedir que el conflicto se traslade al escenario político y civil, y no tengan que contar más muertos y desaparecidos.